La cadena de supermercados Alcampo ha sido multada con 39.600 euros por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) debido a su resistencia y obstrucción durante las inspecciones administrativas.
Esta sanción se enmarca en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de las relaciones comerciales en el sector agroalimentario.
Obstrucción a las inspecciones
La AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha señalado que la multa impuesta a Alcampo se debe a “una actuación de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”.
Este tipo de infracciones son consideradas graves y pueden conllevar sanciones de hasta 100.000 euros, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Los detalles de la infracción de Alcampo
Aunque la AICA no ha especificado los detalles exactos de la infracción cometida por Alcampo, la ley establece varios supuestos que pueden dar lugar a este tipo de sanciones.
Entre ellos se incluyen la negativa a facilitar el examen de documentos, informes o antecedentes, la no presentación del contrato alimentario en el momento de la inspección, la incomparecencia sin causa justificada, y la obstrucción o impedimento de la entrada o permanencia de los funcionarios en las instalaciones. Esta no es la primera vez que una cadena de supermercados es sancionada por obstruir las inspecciones.
La multa a supermercados Dia
Recientemente, la cadena de supermercados Dia recibió una multa récord de 100.000 euros por obstruir las inspecciones de la administración. Según eldiario.es, esta sanción es la más alta impuesta por la AICA desde que se publican los nombres de las empresas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria.
La multa a Dia se debió a una serie de infracciones que incluían la negativa a facilitar documentos y la obstrucción de las inspecciones en sus instalaciones.
La Ley de la Cadena Alimentaria
La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013 y modificada en 2021, tiene como objetivo principal mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena de suministro de alimentos.
Esta ley establece una serie de obligaciones para los operadores de la cadena alimentaria, incluyendo la formalización de contratos por escrito, el cumplimiento de los plazos de pago y la colaboración con las inspecciones administrativas.