"No va a ayudar”. Es lo que anticiparon a finales de 2022 algunos miembros del Gobierno ante la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos, una medida que pretendía amortiguar el efecto de una inflación letal que desgarraba la economía de muchas familias. Uno de los puñales que ha infligido un mayor daño a los presupuestos domésticos ha sido y es el coste del aceite de oliva.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el aceite de oliva era en mayo de 2024 un 62,8% más caro que un año antes. Desde enero de 2021 acumulaba un estratosférico repunte del 198,5%, lo que significaba que su coste casi se había triplicado en tres años. Finalmente, el Gobierno aprobó a finales de junio la eliminación del IVA para el aceite de oliva (vigente desde el 1 de julio), pero en los supermercados no se ha notado un descenso serio, sino más bien un parcheo, un teatrillo que, para algunos, resulta vergonzante: cada vez son más las voces que acusan a los grandes de la distribución de sacar tajada de la eliminación del impuesto.
Los márgenes se quedan en la distribución
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) ya se olía la tostada antes de que la medida entrase en vigor. El responsable olivar de la entidad, Juan Luis Ávila, reclamó a finales de junio al Gobierno que estuviera “vigilante” para que la anunciada supresión del IVA del aceite de oliva llegara al consumidor, porque consideraba que “normalmente estos márgenes se suelen quedar en la distribución”.
Ávila hablaba desde la experiencia. En el verano de 2022, COAG había denunciado que la distribución duplicaba sus márgenes en el precio del aceite, penalizando al consumidor, cuando el precio origen se mantenía para los olivareros. Al año siguiente, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) fue más contundente y denunció que el precio del aceite de oliva a 9 euros no beneficiaba a consumidores ni a agricultores. “A los olivareros les perjudica un precio anecdótico, ficticio, porque no repercute directamente en su cuenta de resultados al no tener una cosecha significativa que poder vender. El sector permanece en crisis”, dijeron entonces.
El IVA baja, el coste sube
Por su parte, las asociaciones de consumidores llevan meses denunciando la escalada del precio del oro líquido. Carrefour, por ejemplo, habría subido el precio de la botella de un litro de virgen extra Maestros de Hojiblanca, pasándola de 14,95 a 15,99 euros, tres días después de que entrase en vigor la medida del Gobierno. Además, en redes sociales se ha vuelto viral un tuit que mostraba otro sorprendente encarecimiento en los lineales de la cadena francesa.
Según publicó un usuario en X (la antigua Twitter), antes de que el IVA bajara al 0%, la garrafa de 5 litros de Aceite de oliva virgen extra Dcoop costaba 42,20 euros. Después, ya con la bajada activa, su precio era de 43,95 euros.
Carrefour no dice nada
Este medio ha preguntado a Carrefour cómo explica este alza y cuántos aceites a la venta en sus tiendas se han beneficiado de la bajada del IVA, pero la empresa no ha respondido. Quienes sí reconocen que en ciertos sitios las cosas se están haciendo mal son unos pequeños productores castellanomanchegos que se dedican al target más premium.
“El enfoque de la medida es positivo, porque buscaba estimular el consumo y beneficiar al consumidor, pero estamos viendo que hay grandes superficies aprovechándose de la situación. Y esto no puede ser”, explican a Consumidor Global, tajantes. “El hecho de que no se recaude el IVA implica que se hace un esfuerzo entre todos los contribuyentes… que acaba en la cuenta de resultados de las grandes empresas”, denuncian. Según algunas estimaciones, las arcas públicas dejarán de ingresar unos 45 millones de euros.
El poder del consumidor
“El consumidor tiene más poder del que a veces piensa. El consumo es un acto en que se puede elegir, así que, si puedes ir a una cooperativa a conseguir el aceite, quizá sea un acto más consciente y más económico”, opinan.
Estos productores prefieren no dar nombres concretos, pero refieren que son “los grandes”, también grupos aceiteros y no solo supermercados, quienes están permitiendo que esto suceda. “El Estado tiene la labor fundamental de regular. Regular y garantizar que se cumpla la ley, porque ahora existe una ley de cadena alimentaria que se cumple poco con el aceite y con muchos otros productos que vienen del campo, como el ajo”, exponen.
Cautela ante las bajadas
Por último, preguntados por las bajadas de precio pronosticadas para fin de año (algunos expertos vaticinan que, gracias a las lluvias y al aumento de la producción, en unos seis meses el litro de aceite caerá hasta los 5 euros), estas fuentes prefieren ser cautas.
“Es cierto que estamos mejor que hace un año, pero no tenemos una bola de cristal, y hasta que la aceituna no entre en la almazara, el cambio climático puede dañarnos. Somos optimistas, pero desde la cautela”, zanjan.